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La dosis personal se encuentra definida por la Ley 30 de 1986, artículo 2, como aquella cantidad de estupefacientes que una persona porta o conserva para su propio consumo. Dicha ley establece que en el caso de la marihuana, es permitido portar 20 gramos.

De un lado, la Corte Constitucional ha desarrollado el tema de la dosis personal en cuatro sentencias[1], pero merecen especial atención dos de ellas:

  1. C-221/94[2]: la cual despenalizó el consumo de la dosis personal, basándose en:
  1. La autonomía personal, ya que, según la Corte, nadie más que cada persona puede decidir por sí misma, lo que implicaría que decidir por ella sería prácticamente cosificarla. Se resalta entonces la importancia de que la persona decida por sí misma, y que eso sea legítimamente válido, siempre y cuando no interfiera con la autonomía de otras.
  1. El derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues siendo un pilar de la Constitución Política que actualmente nos rige, resultan inconstitucionales las normas que hacen del consumo de droga, un delito.
  1. La concepción de una sociedad personalista, donde las personas sean libres y autónomas para elegir su forma de vida mientras ésta no interfiera con la autonomía de las otras, siendo parte vital del interés común que profesa la Carta Política del 91.
  1. El respeto por la dignidad humana, haciendo énfasis en que no debe confundirse la obligación del Estado de educar, en una especie de represión al querer controlar el consumo de sustancias “que se juzgan nocivas para la persona individualmente considerada”.
  1. C-491/12[3]: la Corte hizo énfasis en que se debe distinguir entre las conductas constitutivas de narcotráfico y el porte de sustancias para el consumo personal, siendo este un comportamiento que no afecta los bienes jurídicos de la salud pública, la seguridad pública y el orden económico y social, protegidos en las normas que penalizan el narcotráfico, pues es una conducta que no trasciende el ámbito personal del individuo. Al penalizarse el porte o conservación de sustancia estupefaciente en cantidad considerada como dosis personal, se vulneraría el principio de proporcionalidad y prohibición de exceso en materia penal, ya que se estaría criminalizando un comportamiento carente de idoneidad para lesionar bienes jurídicos amparados por la Constitución. Además, se reiteró que quien tenga la condición de adicto, en vez de ser señalado como criminal, debe contar con protección a través de medidas y tratamientos administrativos de orden pedagógico, profiláctico o terapéutico, la cuales deben contar con su consentimiento informado.

Esta misma sentencia señaló una especie de reglas[4] que la Corte Suprema de Justicia estableció en cuanto a la dosis personal, a saber:

  • El concepto de dosis personal y su regulación prevista en el literal j) del artículo 2º de la Ley 30 de 1986 continúan vigentes;
  • en casos de porte de sustancias prohibidas en cantidad de baja significación es preciso analizar si la conducta reviste relevancia penal por concurrir la exigencia de antijuridicidad material (Art. 11 C.P. lesividad), es decir si reviste idoneidad para afectar el bien jurídico de la salud pública, o si se trata de un acto que solo concierne al fuero individual del portador;
  • cuando se trata del porte, tráfico o fabricación de estupefacientes en cantidades comprendidas dentro del rango de dosis personal, destinadas no al consumo sino a su comercialización e incluso a su distribución gratuita, la conducta será antijurídica pues afecta los bienes que el tipo penal protege;
  • cuando la sustancia, atendiendo cantidades insignificantes o no desproporcionadas, concepto que incluye la dosis personal, está destinada exclusivamente al consumo propio de la persona, adicta o sin problema de narcodependencia, no concurre el presupuesto de la antijuridicidad en tanto no se afectan los bienes jurídicos que el legislador pretende proteger;
  • es posible tener por impune el consumo de estupefacientes en las dosis fijadas en el literal j) del artículo 2º de la Ley 30 de 1986, o en cantidades ligeramente superiores a esos topes, previa valoración del criterio de lesividad o antijuridicidad material.

Así, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia proferida en el 2009[5], explicó que “‘llevar consigo’ dosis personal o de aprovisionamiento de sustancias estupefacientes no es penalizable (…) el consumo de dosis mínima o autoconsumo se constituye en un comportamiento autodestructivo o de autolesión el cual incumbe los ámbitos exclusivos de la libertad de esa persona, es decir, a un fenómeno singular carente de antijuridicidad material (ausencia de lesividad) y que, por ende, no es punible”.

[1] Véase sentencias C-101/04, M.P.: Jaime Córdoba Triviño y C-574/11, M.P.: Juan Carlos Henao Pérez.

[2] Magistrado Ponente: Carlos Gaviria Díaz.

[3] Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.

[4] Pág. 28.

[5] Proceso número 31531 de 2009.

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